Bogotá, 16 de marzo de 2020.
Las organizaciones internacionales de sociedad civil que suscribimos el presente comunicado registramos con profundo dolor y preocupación, la persistencia e incremento de las amenazas, ataques, hostigamientos y asesinatos contra personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y aquellas que, en proceso de reincorporación, transitan de un pasado de guerra a un futuro de reconciliación y de paz.
En esta última semana fueron asesinadas Astrid Conde Gutiérrez (marzo 5) y Edwin de Jesús Carrascal Barrios (marzo 10), con ella y él ya son 15 personas excombatientes de Farc asesinadas en lo que va corrido del año y 190 desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el año 2016, según cifras del partido Farc. Adicionalmente, la corporación Solidaridad Jurídica ha denunciado las amenazas y hostigamientos contra otras exprisioneras políticas.
El 11 de marzo se conoció una nueva amenaza de las Águilas Negras contra una extensa lista de organizaciones lideresas y líderes sociales, que incluye a la Fuerza de Mujeres Wayuu, organización defensora de los derechos humanos y territoriales, ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos 2017 que trabaja por los derechos étnicos y territoriales en la Guajira desde el año 2006.
La falta de garantías a la Vida y la no implementación integral de la Acuerdo de Paz, pone en grave riesgo la sostenibilidad del proceso y la búsqueda de nuevos caminos para la Paz en Colombia, por lo que es urgente que el Estado, como responsable de la Vida de todos los colombianos y colombianas:
- Brinde las garantías suficientes para que quienes le apostaron a la paz y quienes defienden los derechos humanos y territoriales, puedan desarrollar su legítima labor en un ambiente propicio para ellos y ellas.
- Vele porque se aplique justicia, se investigue, individualice y lleve a los responsables de estos hechos ante las autoridades competentes. Ello sería un mensaje contundente en favor de la paz, por parte de la institucionalidad colombiana regida por el presidente Iván Duque.
- Avance rápidamente en el diseño y adopción de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (3.4.3. del Acuerdo de Paz), frente a la cual los representantes de la sociedad civil ya han presentado una propuesta
Las organizaciones de la Sociedad Civil internacional, integrantes del Espacio de Cooperación para la Paz, reiteramos nuestra preocupación por estos hechos y por la falta de medidas contundentes por parte del Estado colombiano para esclarecerlos y frenar de una vez el derramamiento de sangre en Colombia.
Un país que le apuesta genuinamente a la paz, no puede tolerar violencias de ningún tipo contra sus ciudadanos y ciudadanas, particularmente contra quienes desde la civilidad trabajan por mejorar las condiciones de vida y protección de los territorios y sus recursos naturales.
