Este documento evidencia como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 promulgada en junio de 2011) ha sido un paso positivo hacia el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en Colombia, situación que había sido negada de manera sistemática por el gobierno. Esto ha permitido la creación de un marco legal para la reparación de las víctimas y la restitución de tierras, de las cuales han sido forzosamente despojadas. Al reconocer la existencia de un conflicto armado in terno, el gobierno ha facilitado la protección de los derechos de la población bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Sin embargo, algunas preocupaciones han sido expresadas con relación a la limitada naturaleza de la Ley 1448 en cuanto a la restitución de tierras de acuerdo con las normas internacionales. Como resultado, un número amplio de retos constitucionales han sido señalados sobre ciertos artículos de la ley por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) nacionales y otros actores de la sociedad civil
Este informe de igual forma resalta algunos desafíos significativos en la implementación de la Ley 1448. Éstos incluyen el contexto político y de seguridad que rodea el proceso de restitución de tierras, y la realidad que enfrentan las víctimas dentro de algunas áreas rurales debido a la falta de reglamentación de la ley – en parte como resultado de la confabulación entre las fuerzas de seguridad, las elites locales y los paramilitares; la seguridad de las víctimas y la sostenibilidad de su retorno; y el conflicto armado interno en curso. Estos puntos generales señalan, que mientras la Ley 1448 es un gran paso, esta no contempla todas las víctimas de la misma manera construyendo de alguna forma obstáculos hacia el pleno acceso de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.